Leí en Expansión dos análisis. El primero se refería a Enron, esa empresa de energía que primero fue considerada líder en su ramo a nivel mundial y un ejemplo de rentabilidad, y después como ejemplo de fraude corporativo, pues se descubrió que toda la información financiera que proporcionaba a sus accionistas y a la Bolsa de Valores, era previamente maquillada. Este análisis hace un comparativo muy atinado con PEMEX, empresa también del ramo energético y que tampoco se distingue por la transparencia, pero sobre todo, que tiene un valor fundamental en las finanzas públicas del país: aproximadamente 30 centavos de cada peso del presupuesto federal provienen de PEMEX. El artículo pone el dedo en la llaga cuando analiza la tendencia a la baja de la producción petrolífera de esta empresa y la opacidad con que se maneja, pues nadie sabe a ciencia cierta cuál es su situación real y que tan ciertos son las proyecciones que se dan a conocer, pues es claro que a nadie le gusta ser el portador de malas noticias.
El segundo artículo tiene que ver también con la transparencia que todos dicen manejar, pero que pocos enfrentan con valentía, pues basta echar un ojo a los sitios web de los gobiernos de los estados para constatar que, efectivamente, cada quien interpreta las obligaciones de transparencia a su muy particular modo de entender: Por ejemplo, en el portal del Gobierno del Estado de Guerrero, aparece un tabulador con los sueldos que devengan los funcionarios públicos, pero no dice con exactitud, con nombre y apellido, cuánto gana el Secretario de Gobierno, sino que se maneja un rango que oscila entre $65,943 y $125,258, para los Secretarios. Y así con todos los funcionarios. ¿Quiere saber cuánto gana un Director General? Entre $32,382 y $43,246. Mientras en otros estados, las páginas de internet dicen: fulano de tal, Director de equis, gana tal cantidad.
Pero lo más sorprendente del análisis de marras es que las inconsistencias entre la información que proporcionan los Estados llegan a ser tan ridículamente opuestas que no es raro que uno como lector levante una ceja. Basten dos ejemplos: El presupuesto de Jalisco consta de cuatro tomos bien detallados y la información del de Baja California Sur se "comprime" en seis…renglones. Y el segundo, mientras Michoacán dice que con 47% de su presupuesto cubre los gastos de su burocracia, Hidalgo dice que solo destina el ¡4%!
Pues en Guerrero nos falta un largo trecho para recorrer en materia de transparencia, pero principalmente en la modernización de la administración pública. Hay un principio en administración: lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Los indicadores de desempeño, las encuestas de opinión, la innovación y la mejora continua deben ser el pan de cada día de una administración pública transparente. Pero desgraciadamente en Guerrero la dependencia que se debe encargar de estos asuntos, la Contraloría General del Estado, se utiliza más bien como agencia de castigos y su principalísima tarea de coordinar los esfuerzos de modernización, innovación y mejora continua pasan a segundo plano.
Instituciones y dependencias del Estado iniciaron procesos de modernización que pueden servir de ejemplo de qué hacer y cómo no hacer las cosas. El Registro Civil ahora es más eficiente, el Registro Público dio pasos importantes en ese camino, Catastro igual, pero, aquí va el gran pero, son esfuerzos desvinculados de la Administración como ente; son en todo caso mérito y virtud de sus directivos, pero los errores, que los hay, también son atribuibles a ellos, porque la coordinación que debía existir entre ellos nunca apareció. Cuando nos damos cuenta, lo que estamos haciendo en esta oficina que nos está costando mucho trabajo, en otra lo hicieron en la mitad del tiempo, con buenos resultados y la curva de aprendizaje no la aprovechamos. En el Registro Público padecimos de esa falta de coordinación. Hicimos un nuevo Reglamento que cumplía con los estándares de modernización señalados por el Gobierno Federal, y cuando ya estábamos muy contentos por el logro nos dimos cuenta que antes de publicarlo, la Contraloría debía aprobar el nuevo organigrama (que ellos se empeñaron en llamar "organograma") y el Reglamento, pero eso lo supimos de casualidad pues por nuestra inexperiencia y voluntariedad, no preguntamos si debíamos coordinarnos con alguien y mucho menos la Contraloría nos hizo saber su existencia y participación en el asunto.
Todo esto, desde mi punto de vista, constituye una tarea a enfrentar por el nuevo gobierno, que debe constituir un gobierno de profesionales, no de improvisados.
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